Ciudad de México.- En periodo extraordinario la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, en materia educativa, devuelta por el Senado de la República y modificada por las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, precisó que de acuerdo con la ley, la discusión versaría únicamente sobre lo desechado por el Senado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
En la fundamentación, Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, expresó que se estimó oportuno considerar algunas de las propuestas planteadas por los senadores, en razón de lo siguiente:
En el párrafo décimo del artículo 3 se establece que los materiales, infraestructura y de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la educación.
En el párrafo decimoprimero, a pesar de ya estar contempladas las ciencias y las humanidades, se enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio. Además, se mejora la redacción, al referir correctamente la educación sexual y reproductiva.
En el décimo primero transitorio se agrega la obligación para que el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones, defina una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales para su fortalecimiento.
El décimo cuarto transitorio se amplía un párrafo para precisar que esta Cámara aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 3, respecto a la ciencia, tecnología y la innovación.
En el décimo quinto transitorio se realizan ajustes a la redacción para establecer con mayor claridad el financiamiento de la educación superior, a efecto de cumplir cabalmente con su obligatoriedad.
El décimo sexto transitorio se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado acorde con el párrafo segundo del artículo 3.
La diputada explicó que esta reforma abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, que es la originaria de los mayores agravios al magisterio y en la que se funda todo el proceso de las evaluaciones punitivas; elimina la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, institución que se encargó de perseguir a los maestros y renunció a su autonomía constitucional para obedecer a intereses contrarios a la educación.
Establece que la educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos, ya que obliga al Estado a garantizarla en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.
Ratifica la rectoría del Estado en la educación, es decir, garantiza el derecho a la educación sin la influencia de organismos externos a ella, nacionales o internacionales. A los maestros se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.
